La judicatura de Inglaterra y Gales ha publicado una declaración institucional sobre el uso de inteligencia artificial en el trabajo judicial. Su regla central es sencilla: la IA puede asistir, pero no reemplazar el razonamiento del juez, la valoración de pruebas ni el ejercicio de la discreción. Cada salida de IA que se use en una labor judicial debe ser revisada, verificada y aprobada por el titular responsable, que conserva plena responsabilidad por el material producido en su nombre. Fuente: Courts and Tribunals Judiciary
El documento, fechado el 9 de octubre, establece una orientación institucional y no una autorización general para introducir cualquier producto en un tribunal. Orienta a la alta judicatura que trabaja con el Judicial Office, HM Courts and Tribunals Service y el Ministerio de Justicia. Detalla condiciones de adopción, pilotos, capacitación, gobierno institucional, transparencia y revisión permanente. La distinción importa: una declaración de principios puede cambiar las prácticas administrativas y el desarrollo de herramientas, pero no altera por sí misma el derecho procesal ni autoriza a delegar decisiones de casos.
La experiencia acumulada, dice el texto, se ha concentrado en pilotos de menor riesgo y herramientas seguras en entornos controlados. Entre los usos evaluados aparecen la transcripción, el resumen, la redacción en lenguaje accesible, la anonimización de documentos, la elaboración de cronologías y el análisis documental. Los pilotos han examinado fiabilidad, carga de comprobación humana, tratamiento de información sensible y salvaguardas operativas. La declaración no publica cifras de precisión, resultados comparativos ni nombres de herramientas aprobadas. Por eso permite conocer el perímetro institucional, pero no medir cuánto tiempo se ahorró ni cuántos errores se evitaron.
La judicatura exige que las herramientas aprobadas tengan residencia de datos en el Reino Unido, protección empresarial de datos y acceso a la web desactivado. No enumera los sistemas autorizados, debido a la rapidez con que cambian sus funciones. Las nuevas herramientas deben superar aprobación, evaluación y revisión continua antes de considerar un despliegue más amplio. Los nuevos casos de uso pasan por un grupo central presidido por el juez responsable de IA, que debe examinar cuestiones legales, éticas, operativas, de seguridad y protección de datos.
La pregunta de fondo es quién responde si un resumen omite un precedente, altera una fecha o mezcla dos testimonios. En justicia, una salida plausible puede adquirir autoridad porque aparece dentro de una institución que debe explicar decisiones coercitivas. Exigir que el juez compruebe cada contenido mantiene la decisión en manos identificables; para que el control sea real, el tiempo y las herramientas de verificación deben estar disponibles. Si la revisión se convierte en una casilla rutinaria, la regla conservaría la firma del juez mientras desplaza de hecho el juicio hacia un sistema opaco.
La declaración también menciona independencia judicial, imparcialidad, equidad, confidencialidad, seguridad y confianza pública. Cada criterio requiere traducción práctica. Una herramienta puede acelerar la transcripción y, al mismo tiempo, introducir errores en acentos o términos especializados. Una función de anonimización puede ahorrar tiempo y dejar nombres identificables en un documento público. La supervisión útil mide esos fallos por tipo de caso y mantiene un registro de correcciones, no solo una declaración general de que «un humano estuvo en el proceso».
El marco británico es deliberadamente contenido: apoyo administrativo, pilotos controlados y responsabilidad judicial no delegable. Su valor inmediato está en identificar quién aprueba los usos y qué comprobación debe ocurrir antes de confiar en una salida. Su siguiente desafío es hacer públicos los resultados de los pilotos, las herramientas autorizadas y los mecanismos de corrección. La regla central se puede auditar: identificar quién autorizó la herramienta, conservar la fuente de cada dato usado y registrar quién verificó y aprobó la salida. Si un contenido erróneo entra en un expediente, el mecanismo debe permitir corregirlo antes de que afecte una resolución.