Revista de inteligencia artificial
La semana en SmartAGI 11 de octubre de 2026
N.º 1 · Qué trae esta edición ↗La noticia de la semana
Un ensayo de navegación acabó en un formulario real; el registro quedó en spam y la empresa tardó más de dos meses en detectarlo.
Ilustración editorial original de SmartAGI, generada con IA
El ensayo técnico de la empresa da cifras útiles y expone una limitación: una señal estadística puede debilitarse con cambios modestos.
La respuesta promete vigilancia durante todo el ciclo de vida y abre otra fase del sandbox sanitario; la aceptación no cambia por sí sola las reglas vigentes.
La declaración permite apoyo en tareas judiciales, pero reserva a los jueces la evaluación de pruebas y la discreción; cada salida usada debe revisarse.
Quienes fabrican los asistentes prometen neutralidad política. El presidente de Estados Unidos y el dueño de una de esas empresas han empezado a explicarles, cada uno a su manera, qué deben entender por ella.
Codex respondió 60 afirmaciones; Grok, 240. Claude y el asistente de Google se negaron a marcar casillas, pero no a decidir qué argumentos merecían atención. Los encargos no fueron iguales, así que esto no es un ranking ni un experimento controlado. Sí deja una pregunta incómoda para quien pide consejo político a una IA: ¿qué decide el asistente cuando decide qué contar?
Desde el 2 de agosto, la Comisión Europea y los reguladores nacionales pueden hacer cumplir varias obligaciones de la ley de IA, incluidas reglas para modelos de propósito general y transparencia. Bruselas supervisa directamente algunos sistemas; la mayoría depende de autoridades nacionales. Y las normas para muchos usos de alto riesgo todavía esperan hasta 2027.
Dos mociones chilenas atacan el problema por vías distintas: una exige identificar propaganda electoral sintética; la otra propone sancionar redes ocultas que simulan participación ciudadana. Ninguna es ley. El desafío es separar la manipulación coordinada de la movilización política organizada por personas.
Desde 2029, quien ofrezca, venda o realice ciertas auditorías de inteligencia artificial en California deberá inscribirse ante el estado, informar qué evalúa y explicar sus métodos. La ley exige documentar límites y lagunas de evidencia. La inscripción confirma que el auditor figura en el registro; no constituye respaldo estatal ni certifica que un modelo sea seguro.
En DevDay, la empresa presentó asistentes con tareas continuas, agentes capaces de usar software y herramientas que otros desarrolladores podrán instalar dentro de ChatGPT. El giro es comercial y político además de técnico: la conversación empieza a convertirse en el vestíbulo de una plataforma de trabajo.
El compromiso firmado en la Casa Blanca el 29 de septiembre prevé equipos internos, evaluadores externos y comités de directorio para vigilar modelos de frontera. No define quién elige al evaluador, qué información debe publicar ni qué ocurre si una empresa incumple. La palabra “independiente” aparece; el mecanismo para hacerla valer, no.
Una inteligencia superior no elige por nosotros lo que merece ser preservado.
Propone evaluadores externos, coordinación entre democracias y un acuerdo global con China, siempre condicionado a preservar la ventaja de Estados Unidos y sus aliados.
Comentario de SmartAGI · Leer el original ↗
Entender la AGI
Resolver una tarea difícil no basta para demostrar inteligencia general. ¿Qué más habría que exigir?
Aclarar los conceptos ↗OpenAI publicó resultados en distintas etapas de verificación. Lean permite comprobar una formalización, pero la certificación, la comprensión matemática y la responsabilidad editorial responden a preguntas distintas.
Un botón detiene el sistema. No garantiza que una institución pueda sustituirlo y seguir atendiendo a quienes dependen de él.