Una autoridad puede responder extensamente sin contestar lo que se le pregunta. Si una persona reclama que el criterio utilizado en su caso es injustificado y recibe una explicación sobre la precisión del programa, habrá obtenido información. Su objeción seguirá intacta. La discusión democrática sobre algoritmos empieza por reconocer esa diferencia, bastante menos vistosa que publicar un código y bastante más importante para quien necesita una respuesta.
Rodrigo Castillo Murillo y Francisco Figueroa Ogalde abordaron el asunto en «La democracia frente al algoritmo», publicada en El Dínamo el 22 de junio de 2026. La columna enlazada permite volver al argumento de sus autores. Fuente: El Dínamo
Saber cómo funciona no resuelve para qué se usa
Pensemos en un ejemplo hipotético: un municipio ordena las solicitudes de uso de un recinto deportivo según la asistencia prevista. El programa predice con precisión qué actividades atraerán más público. Una agrupación pequeña queda siempre al final. Puede aceptar que la estimación sea correcta y discutir, a la vez, que maximizar asistentes deba decidir todo el reparto. Quizá el municipio también deba considerar el acceso de grupos con menos alternativas. Esa disputa no desaparecerá entrenando mejor el modelo.
La predicción ayuda a conocer una consecuencia. La regla de asignación determina cuánto vale esa consecuencia frente a otras. Si ambas operaciones se presentan como una sola respuesta técnica, una elección política adquiere la apariencia de un resultado inevitable. El funcionario puede actuar de buena fe y estar convencido de que aplica un criterio objetivo. La cuestión es quién decidió convertirlo en el criterio decisivo y cómo puede examinarse esa elección.
Una reclamación debe poder cambiar algo
Publicar las reglas permite conocerlas. Poder discutirlas exige además un recorrido institucional. La agrupación necesita identificar qué instancia puede considerar su objeción, qué antecedentes son pertinentes y si la respuesta llegará antes de terminar la temporada. Un formulario que recoge todas las opiniones sin otorgar a nadie capacidad para revisar el reparto puede producir un archivo muy ordenado de desacuerdos impotentes.
No toda objeción tendrá razón. El municipio podría justificar un criterio de asistencia en un programa cuyo propósito específico sea alcanzar a muchas personas, o reservar otros horarios mediante reglas diferentes. Lo democrático no consiste en satisfacer cualquier preferencia, sino en sostener y revisar las razones que permiten ejercer una potestad sobre otros. La explicación debe referirse a la pretensión presentada, no limitarse a certificar que el programa hizo exactamente lo que se le pidió.
La ventaja que no aparece en el indicador
La automatización puede mejorar este procedimiento. Puede detectar horarios desaprovechados, comparar opciones y reducir el trabajo administrativo necesario para estudiar excepciones. Esa ganancia ofrece una oportunidad para responder mejor. Si se emplea únicamente en procesar más solicitudes, también puede aumentar la distancia entre la decisión y las personas que intentan comprenderla. El mismo ahorro técnico permite organizaciones institucionales muy distintas.
El argumento merece atención porque evita una falsa elección entre aceptar el algoritmo o volver a una burocracia idealizada. Una decisión humana también puede ser arbitraria, opaca o difícil de impugnar. La comparación pertinente observa qué medios ofrece cada procedimiento para conocer el criterio, discutir su aplicación y obtener una corrección fundada. Si la modernización conserva la ventanilla y elimina a quien puede resolver detrás de ella, el trámite será nuevo; la indefensión tendrá una interfaz mejor.