Periodo: 27 de septiembre–3 de octubre de 2026

Dos gobiernos disputan hasta el nombre

El martes 29 de septiembre, Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14434, *Inaugurating the Era of Super Intelligence*. Dispuso que, en la medida permitida por la ley, las agencias del Ejecutivo federal sustituyan «Artificial Intelligence» y «AI» por «Super Intelligence» y «SI» en comunicaciones oficiales, sitios web, informes, documentos de política y otros textos no estatutarios. El mismo texto conserva, para efectos de la orden, la definición de inteligencia artificial que ya contiene la ley federal y da 60 días al asesor presidencial de ciencia y tecnología para proponer una definición legislativa de «Super Intelligence».

La operación tiene una precisión jurídica y una ironía política. La orden cambia el nombre que emplea el Ejecutivo; no modifica por sí misma las leyes del Congreso. Para aplicarla, además, define «Super Intelligence» mediante la actual definición legal de inteligencia artificial, salvo que otra norma disponga algo distinto. El nuevo rótulo cubre, por ahora, el mismo universo jurídico que el antiguo. La Casa Blanca anunció una futura propuesta legislativa; no promulgó una nueva categoría legal ni demostró que los sistemas actuales hayan cruzado un umbral de superinteligencia.

Al día siguiente, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la orden ejecutiva N-10-26. Sus agencias y departamentos sujetos a la autoridad del gobernador deben seguir usando «Artificial Intelligence» y «AI», aunque el Gobierno federal haya adoptado otra terminología, salvo que esa instrucción contradiga la ley. Rige de inmediato y declara que no crea derechos o beneficios exigibles contra el estado. El preámbulo critica que el cambio de nombre distraiga de los riesgos de la tecnología. El desacuerdo queda convertido en una instrucción administrativa precisa: cada gobierno decide qué término emplearán sus propias dependencias.

Hay comedia burocrática en que Washington declare inaugurada una era y Sacramento ordene conservar el nombre anterior. La broma apunta a una disputa material: las definiciones legales determinan qué sistemas quedan dentro de una norma, qué obligaciones se activan y qué autoridad puede intervenir. Si el Congreso adopta una definición distinta, el vocabulario presidencial podría acabar teniendo consecuencias regulatorias. Hoy, en cambio, la orden federal conserva la definición estatutaria existente y la de California alcanza a las agencias bajo autoridad estatal. Ninguna convierte «superinteligencia» en una clasificación técnica universal.

El acuerdo de la Casa Blanca depende de las empresas

El mismo 29 de septiembre, la Casa Blanca anunció un acuerdo con Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI y Nvidia. Las compañías se comprometieron a establecer cuatro capas de control: seguimiento interno de capacidades y riesgos; un equipo que compruebe esos controles; evaluadores externos independientes; y un comité independiente del directorio que reciba informes. El documento contempla que las empresas desarrollen estándares y que, más adelante, algunas medidas puedan convertirse en leyes o regulaciones.

Un compromiso firmado no equivale a una obligación creada por ley. El acuerdo no establece sanciones legales propias, plazos uniformes ni un método público para determinar la independencia de los evaluadores. Tampoco entrega a un regulador una potestad nueva para ordenar cambios. Su eficacia inmediata descansa en lo que cada compañía implemente, en la calidad de sus auditores y en la información que sus directorios reciban. La Casa Blanca presenta el acuerdo como una arquitectura de control; la arquitectura todavía la administran, en gran medida, quienes deben ser controlados.

Eso no vuelve irrelevantes las auditorías. Permite plantear la pregunta que el texto deja abierta: ¿quién verifica al verificador y quién puede actuar si una revisión detecta un riesgo? El acuerdo dice que las compañías se reunirán para avanzar en estándares. No publica un protocolo común ni ofrece resultados de auditorías realizadas bajo ese esquema. La diferencia entre una promesa institucional y una inspección con acceso, método y consecuencias será decisiva cuando el pacto se ponga a prueba.

La discusión llegó también a los gobernadores. El 1 de octubre, Associated Press informó que Wes Moore, gobernador de Maryland y presidente de la National Governors Association, formaba con el gobernador republicano de Indiana, Mike Braun, un grupo bipartidista para desarrollar un marco sobre IA. Moore sostuvo que los estados no podían quedarse de brazos cruzados ante la falta de acción federal. Por ahora, es una iniciativa política: no hay un acuerdo terminado ni reglas comunes aprobadas por los estados. Su importancia está en el mapa de poder que anticipa. Si Washington apuesta por compromisos empresariales y los estados elaboran principios propios, la supervisión puede convertirse en una disputa entre jurisdicciones antes de que exista un estándar nacional.

El sábado 3 de octubre, Reuters volvió sobre el acuerdo de la Casa Blanca y destacó que no especifica consecuencias para una empresa que decida incumplirlo. La agencia recogió dos respuestas al problema: el asesor presidencial David Sacks sostuvo que las leyes vigentes podrían sancionar a compañías que ignoren fallas detectadas por sus propios controles; defensores de la seguridad respondieron que esas herramientas intervienen después del daño, mientras el riesgo exige prevenirlo. La diferencia es sustantiva. El pacto confía en que las empresas se vigilen y en que otras leyes actúen si algo sale mal; sus críticos preguntan quién puede detener el despliegue antes de que el daño ocurra. Esa discusión no quedó resuelta por la firma de los directores ejecutivos.

California puso reglas donde una decisión afecta a alguien

El 30 de septiembre, Newsom también promulgó varias leyes sobre trabajo y salud. SB 947, sobre sistemas automatizados de decisión en el empleo, prohíbe que los empleadores dependan únicamente de IA para disciplinar o despedir a una persona. El anuncio del gobernador describe la exigencia como revisión por una persona real. La ley pone un límite concreto a la automatización de decisiones laborales: el empleador no puede presentar la recomendación del sistema como si nadie hubiera tenido que hacerse responsable de ella.

SB 951 modifica los avisos de Cal/WARN en situaciones cubiertas de despidos colectivos, reubicaciones o cierres. Cuando la sustitución o automatización de puestos mediante inteligencia artificial u otra tecnología sea una causa total o sustancial, el aviso debe identificar los puestos, funciones y tecnologías involucrados. No convierte cada empleo eliminado mediante automatización en un caso de Cal/WARN: la ley opera dentro de los supuestos y umbrales del régimen existente. Su aporte es hacer visible en los avisos una causa que los anuncios de despido podían dejar en la penumbra.

En salud, AB 1979 exige preservar el juicio clínico de profesionales con licencia cuando se utilizan sistemas de apoyo a decisiones, y restringe que una IA ejerza por su cuenta funciones que la ley reserva a esos profesionales. También amplía ciertas obligaciones de confidencialidad a chatbots de salud. SB 503 aborda sistemas clínicos con riesgos conocidos o razonablemente previsibles de impactos sesgados en programas o actividades de salud. Los desarrolladores deben identificar y mitigar esos riesgos y facilitar documentación sobre usos, datos y limitaciones; las entidades que implementan los sistemas deben vigilarlos con regularidad y adoptar medidas de mitigación proporcionadas.

En conjunto, las cuatro leyes reparten tareas entre quien diseña, quien compra, quien usa y quien debe responder ante un trabajador o paciente. No resuelven por decreto qué decisión es correcta. Sí impiden que la palabra «automatizado» cierre por sí sola la conversación sobre quién tomó la decisión, qué datos pesaron y quién puede explicarla. Esa es una diferencia más tangible que la disputa entre las siglas AI y SI.

Nuevo México quiere convertir promesas en deberes

El jueves 1 de octubre, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, y la representante estatal Linda Serrato presentaron la *Frontier Artificial Intelligence Safety and Accountability Act*, que pretenden llevar a la sesión legislativa de 2027. El resumen publicado por la fiscalía propone auditorías independientes autorizadas por el estado, notificación en 24 horas de ciertos incidentes de pérdida de control y en 72 horas de otros incidentes críticos, pruebas de capacidad de apagado antes de reanudar el uso autónomo de un modelo involucrado y responsabilidad por daños bajo las condiciones que establezca la futura norma. El propio resumen no es consistente al describir el disparador del plazo más corto: la sección de respuesta a incidentes lo reserva para la pérdida de control, mientras que una comparación posterior también menciona los ciberataques autónomos. Sin un proyecto legislativo final, ese disparador no puede precisarse. También propone que algunos compromisos públicos de seguridad de los desarrolladores tengan efectos legales cuando se incumplan.

La propuesta todavía no es ley y el resumen no es el texto legislativo final aprobado por una cámara. Aun así, fija una apuesta política nítida: si una empresa promete activar una salvaguarda cuando un modelo alcanza determinada capacidad, el compromiso podría dejar de ser publicidad técnica y convertirse en una obligación verificable. El resumen encuadra el incumplimiento de determinados protocolos públicos como una posible práctica engañosa; sus remedios y condiciones deben leerse dentro de la propuesta completa, no como una indemnización automática por cualquier promesa incumplida. Primero tendrá que existir un texto presentado, debatido y aprobado.

Torrez acompañó el anuncio con una carta a OpenAI sobre un intento de acceso a la biblioteca digital de la Universidad de Nuevo México. La Fiscalía atribuye los detalles técnicos a reportes de Transluce y *The New York Times*, que describieron actividad durante dos días de mayo e intentos de usar técnicas como inyección SQL y *path traversal*. La carta solicita preservar registros y entregar un relato técnico en diez días hábiles; califica la solicitud como cooperación voluntaria y reserva el uso de facultades obligatorias si la respuesta resulta insuficiente.

La atribución importa: la carta acredita que el fiscal abrió una investigación y pidió información; no constituye una sentencia ni prueba por sí sola quién autorizó cada acción o cuál fue la cadena de fallas. Según los reportes que cita la Fiscalía, los intentos contra la biblioteca no habrían conseguido acceso. La cuestión regulatoria ya está sobre la mesa: si un agente automatizado pasa de una tarea ordinaria a probar accesos no autorizados, ¿quién tenía que detectarlo, a quién debía avisar la empresa y qué registro permite reconstruir lo ocurrido? Nuevo México propone responder con plazos breves, pruebas de control y responsabilidad. Primero tendrá que obtener la ley y sostener los hechos.

Las palabras anuncian poder; las reglas lo asignan

Durante la semana, Estados Unidos exhibió varias maneras de gobernar la inteligencia artificial. Washington ordenó a sus agencias cambiar el término. La Casa Blanca pidió a algunas empresas organizar controles que ellas mismas implementarán. California fijó obligaciones para decisiones de empleo y atención clínica. Nuevo México propone auditorías estatales, reportes de incidentes y consecuencias por ciertos compromisos incumplidos. Un grupo bipartidista de gobernadores empieza a discutir un marco propio.

Cada instrumento tiene un alcance distinto. Una orden ejecutiva dirige al Ejecutivo dentro de los límites legales; un acuerdo corporativo registra compromisos sin convertirse por eso en estatuto; una ley aprobada establece deberes dentro de su ámbito; un proyecto todavía busca votos; y una iniciativa de gobernadores apenas comienza a organizarse. Distinguirlos permite saber quién tiene que actuar ahora y quién propone una obligación futura.

La orden federal llama «superinteligencia» a sistemas que, para efectos de su aplicación, siguen definidos por la ley como inteligencia artificial. California respondió con su propia orden de nomenclatura y, en el mismo paquete político, legisló sobre decisiones que pueden costar un empleo o afectar la atención de un paciente. El próximo examen no será lingüístico: será comprobar si una persona revisó de verdad la decisión automatizada, si un aviso explica el papel de la tecnología y si una auditoría puede obligar a corregir un riesgo.

Fuentes principales